Fabián Rossi, exapoderado de la financiera conocida como “La Rosadita”, fue el primero de los seis condenados en la causa “La Ruta del dinero K” en presentarse este lunes en los tribunales federales de Comodoro Py para quedar detenido. Poco después, se sumaron Eduardo Castro, apoderado de firmas utilizadas en la maniobra de lavado de dinero, César Fernández y Carlos Molinari.
La orden de detención fue dictada tras el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó las condenas por lavado de dinero agravado. La medida fue solicitada por el fiscal Abel Córdoba, y los detenidos serán alojados en una unidad del Servicio Penitenciario Federal. Ninguno de ellos había estado preso antes.
Los otros dos condenados que debían presentarse, Julio Mendoza y Juan Alberto De Rasis, no lo hicieron. Mendoza argumentó estar internado y De Rasis se encuentra de viaje. Ahora será el juez Néstor Costabel, integrante del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), quien deberá evaluar la situación particular de cada uno, ya que varios presentaron certificados médicos para acceder a la prisión domiciliaria, beneficio al que pueden aspirar por tener más de 70 años.
El magistrado había notificado a todos los condenados para que se presentaran a las 10:30 del lunes “para hacer efectivas sus detenciones”.
Entre las sentencias que quedaron firmes está la del empresario Lázaro Báez, principal condenado en el expediente, quien cumple actualmente prisión domiciliaria por otra causa vinculada a la compra del campo El Entrevero.
Todos los condenados participaron, con distintos grados de responsabilidad, en una compleja maniobra para lavar más de 55 millones de dólares a través de la financiera SGI, más conocida como La Rosadita, que funcionaba en Puerto Madero.
¿Cómo empezó la causa de la Ruta del dinero K?
La investigación se inició en 2013, luego de un informe periodístico emitido en el programa Periodismo Para Todos (PPT), conducido por Jorge Lanata, que expuso el presunto lavado de dinero cometido por Lázaro Báez, cercano a Néstor Kirchner y principal contratista de obra pública en Santa Cruz.
El programa mostró las declaraciones en cámara oculta de los financistas Federico Elaskar y Leonardo Fariña, quienes detallaron cómo se sacaban fondos del país hacia cuentas en Suiza.
La investigación judicial fue liderada por el juez Sebastián Casanello, quien en abril de 2016 ordenó las detenciones de Báez, su contador Daniel Pérez Gadín y el abogado Jorge Chueco, quien intentó fugarse a Paraguay.
Durante la instrucción, se determinó que entre diciembre de 2010 y abril de 2013 se desarrolló una organización criminal vinculada a la empresa Austral Construcciones, propiedad de Báez. A través de SGI, se realizaron maniobras de lavado de dinero en Argentina y el exterior, logrando la expatriación de US$54.872.866,69.
El dinero se transfería a bancos internacionales con bajos controles fiscales, a nombre de empresas pantalla, y luego retornaba al país mediante la compra de bonos de deuda pública, que se liquidaban localmente simulando una inversión suiza para adquirir acciones de Austral Construcciones S.A.
Las condenas confirmadas
El juicio concluyó en 2021 con la condena de Lázaro Báez a 12 años de prisión por lavado agravado de activos, en una sentencia que incluyó también a otros empresarios, financistas y colaboradores.
La Corte Suprema, en un fallo reciente, ratificó las condenas dictadas por el TOF 4, dejando firme uno de los procesos judiciales más emblemáticos vinculados a la corrupción en la obra pública durante el kirchnerismo.